Nicaragua está pasando por una fuerte crisis política y social que ha dejado más de 300 muertos. Hasta principios de este año, el país era uno de los más seguros y estables de Centroamérica. Todo cambió en abril, cuando el presidente, Daniel Ortega, propuso una reforma a la seguridad social que acabó con la paciencia del pueblo.
Ortega lleva años siendo una figura política importante en Nicaragua. Desde la década de los 80, se convirtió en un ícono para la izquierda latinoamericana cuando participó en la Revolución Sandinista que acabó con la dictadura de la familia Somoza, que había gobernado durante años. Después de ese triunfo, Ortega gobernó el país entre 1985 y 1990 y, cuando intentó reelegirse, el pueblo prefirió darle la oportunidad a Violeta Barrios de Chamorro, de otro partido. A pesar de la derrota, Ortega permaneció en la vida política y trató de llegar a la presidencia dos veces más, hasta que finalmente fue reelecto en 2006.
Desde ese año, Ortega se ha dedicado a centralizar el po- der. Controla todas las ramas del gobierno y la mayoría de los medios de comunicación; ha desarmado a la oposición y eliminó los límites a los periodos presidenciales. Gracias a eso se pudo reelegir en 2011 y en 2016. La segunda vez, su compañera de fórmula fue su esposa, Rosario Murillo, quien hoy es vicepresidenta y muchos temen que Ortega la esté preparando para que busque la presidencia en 2021.
Entre 2006 y 2016 el pueblo siguió apoyando al presidente a pesar de la centralización del poder, pues la economía crecía un 4% anual, la tasa más alta para América Latina, y los programas de apoyo seguían mejorando. Sin embargo, todo cambió en abril de este año, cuando Ortega trató de modificar uno de esos programas: la seguridad social. El 18 de ese mes, el gobierno anunció que cortaría las pensiones y que aumentaría las contribuciones de los trabajadores para acceder a este servicio, con el objetivo de sacar el programa de seguridad social de una crisis, ya que es probable que se que- de sin fondos el próximo año.
A raíz de esto, el pueblo se levantó en una serie de protestas masivas, pero la respuesta de Ortega fue desmedida: mandó a la policía a contener a los manifestantes y varios recibieron impactos de bala. Ante la violencia gubernamental, más personas salieron a marchar y Ortega tuvo que echar para atrás su propuesta de reforma, pero ya era demasiado tarde. Para el pueblo y los empresarios, el presidente lleva demasiado tiempo en el poder y se ha convertido en una especie de dictador, justa- mente como los Somoza.
Desde las protestas de abril, miles de personas se han movilizado para exigir la renuncia del presidente, pero él se rehúsa a irse antes de que termine su mandato en 2021. La violencia se ha disparado, así como las violaciones a los derechos humanos. La Iglesia trató de mediar un diálogo entre Ortega y la oposición, pero de momento no ha rendido frutos. Ante la situación, 13 países latinoamericanos, incluyendo México, le han pedido a Ortega que deje de reprimir a los ciudadanos y la Organización de las Naciones Unidas ha acusado a su gobierno de violar los derechos humanos.
Fuentes
Texto por Mercedes Migoya – @mercedesmigoya
Ilustración por @camdelafu
