“Lamentablemente, lo que temíamos parece haber ocurrido: décadas de violaciones persistentes y sistemáticas de los derechos humanos, incluida la respuesta muy violenta de las fuerzas de seguridad a los ataques que desde octubre de 2016, han contribuido con casi total certeza a la estimulación del extremismo violento”. – Zeid Ra’ad al Hussein, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos
Después de casi 30 años de dictadura, en abril de 2016 los habitantes de Birmania, oficialmente conocido como Myanmar, recibieron con alegría un nuevo gobierno democráticamente electo. A la cabeza del partido con más votos se encontraba Aung San Suu Kyi, una de las figuras más importantes de la lucha por la democracia, cuya protesta pacífica fue marcada por un arresto domiciliario de 15 años y un Premio Nobel de la Paz.
Con la llegada del partido de Suu Kyi al gobierno, muchos pensaron que los rohinyá, una minoría musulmana reprimida por la dictadura, tendría una nueva esperanza, pero no fue así.
Conformada por 1.1 millones de personas, la minoría rohinyá se considera nativa de Birmania ya que sus ancestros se instalaron en el estado de Rakhine, en el oeste del país, desde los siglos XIX y XX. Pero, para el país mayoritariamente budista, los rohinyá son vistos como extranjeros.
Desde 1948, cuando Birmania se independizó de Inglaterra, han sido víctimas de tortura, negligencia y represión. En 1982, una ley de ciudadanía les dificultó acceder a la nacionalidad, dando así a las fuerzas de seguridad la posibilidad de perseguirlos legalmente. Al no tener otra nacionalidad, no se les puede deportar y están atrapados en un país que no les reconoce derechos básicos de un ciudadano como acceso a servicios de salud, educación o libertad de movimiento.
Desde octubre de 2016, la lucha violenta entre los rohinyá y las fuerzas de seguridad del gobierno en Rakhine han aumentado. Con altos niveles de desesperación después de haber perdido sus casas en un choque con budistas cinco años antes, ocho insurgentes rohinyá atacaron varios controles de policía en la frontera, iniciando una fuerte ola de violencia. De acuerdo con las Naciones Unidas y algunas ONG que trabajan en el campo, el ejército respondió con detenciones masivas y violaciones a varias mujeres del grupo. Estos actos fueron denunciados como crímenes contra la humanidad e incluso hay quienes aseguran que el Estado es responsable de un genocidio. Ante la respuesta desmesurada de las fuerzas de seguridad, miles de rohinyás se vieron obligados a huir. Muchos de ellos cruzaron la frontera a Bangladesh, donde tampoco son bien recibidos, y otros murieron en el intento.
Dos meses antes de la insurgencia de octubre, Aung San Suu Kyi había creado una comisión para revisar las violaciones contra los rohinyá. Después de un año de investigación, el 24 de agosto de 2017, la comisión liderada por Kofi Annan, ex secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, entregó a la Nobel un reporte con 88 recomendaciones para restablecer la paz en Rakhine.
Un día después de la publicación, la violencia en la zona se desató de nuevo. Insurgentes rohinyás atacaron 30 estaciones de policía con bombas caseras, pistolas y otras armas. Como respuesta, la policía contraatacó y el choque dejó al menos 100 muertos de ambos lados en el transcurso de un día. Para fines de agosto, 18,000 rohinyás habían intentado cruzar la frontera con Bangladesh para escapar del conflicto.
La lucha entre el gobierno y los rohinyá sigue y ante los ojos de la comunidad internacional el gobierno no ha tomado medidas suficientes para detenerla. Para el alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra’ad al Hussein, los actos violentos de los ronihyá contra el gobierno eran inevitables después de tantos años de represión. En los próximos meses sabremos si las recomendaciones de Kofi Annan se implementan y si la situación en el estado de Rakhine efectivamente puede mejorar.
Texto por Mercedes Migoya
@mercedesmigoyaIlustración por Paulina Torres
FUENTES: National Geographic, AP, EFE, Human Rights Watch, The Guardian
